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La implantación de cualquier sistema que pretenda hacer una foto fija del estado de opinión de la sociedad que tiene que legitimar una decisión política, debe garantizar que, en su implementación práctica, se garantice la posibilidad real de que todos y cada uno de los miembros de dicha sociedad puedan ofrecer su opinión y reflexiones en igualdad de condiciones; de no ser así, no estaríamos ante un sistema que pueda adjetivarse de democrático, dado que transgredería uno de sus fundamentos definitorios; el sufragio universal.
Para ello, y a traves de distintas vías: garantizar la extensión de fibra optica y cableado, subvencionar compra de ordenadores, abrir salas de ordenadores públicas con conexión a internet, conexiones wi-fi gratuítas, etc… debería garantizarse el acceso de toda la población a la red.
Todos los elementos que acaban convirtiéndose en transversales, y sobre los que se construye la nueva sociedad, incluídas nuevas formas de negocio y la economía en general, pueden ser factores de desigualdad y fractura social,dado que sobre ellos se vertebra el propio devenir de la sociedad (como paso con el transporte en su momento, la electricidad o el acceso al agua) y por otro lado, puede generar esta ruptura de parte de los principios definitorios de cualquier sistema que pueda calificarse de democrático.
Es una reflexión interesante, aunque personalmente creo que es un razonamiento que asigna a la idea de e-government un problema que no forma parte de ella, sino de la forma en que se ponga en marcha.
Cualquier iniciativa de la administración pública se puede criticar por antidemocrática por suponer cierta «cultura» de uso de servicios o de comunicación con la administración, por ignorar a colectivos minoritarios, por problemas geográficos, por no considerar diversos cauces de comunicación…