Artículo publicado originalmente en El País. Autor: María R. Sahuquillo
Cuando Mónica quiso sacarse la tarjeta de residente para poder aparcar el coche en su barrio le pidieron un volante de empadronamiento. Después le ocurrió lo mismo para obtener la tarjeta sanitaria y para cambiar el permiso de circulación del coche. Con su volante -válido sólo durante tres meses- a cuestas y enfadada por tener que presentar el mismo documento varias veces Mónica se preguntó lo que otros muchos ciudadanos: «¿Cómo es posible que en la era de las nuevas tecnologías la administración no tenga esos datos?». La falta de modernización de algunos organismos oficiales causa a diario situaciones incómodas como la que vivió Mónica. Pero esa desorganización también puede llevar a casos graves y alarmantes, como el de la pequeña Mariluz Cortés, asesinada por un pederasta que, pese a tener condena firme de cárcel, estaba en libertad.
Por qué el ciudadano recibe en su casa el borrador de la declaración de la renta con cuentas de las que ni se acordaba y en cambio no hay un registro digitalizado de causas pendientes. La administración pública española vive a caballo entre el siglo XIX y el XXI. «Algunos organismos están básicamente en la prehistoria tecnológica», sentencia el abogado Alonso Hurtado, del despacho especializado en Nuevas Tecnologías X-Novo. Un simple paseo por cualquiera de los 50 juzgados de Instrucción de Plaza Castilla en Madrid, inundados de legajos, sentencias y autos podría transportar al visitante siglo y medio en el tiempo.
La imagen de centenares de documentos apilados sobre las mesas, en estanterías, armarios o incluso en salas de vistas contrasta con la pulcritud de las oficinas en las que se encuentra la que los expertos bautizan como la administración ejemplar: la Agencia Tributaria. Allí, en una sala de unos 150 metros cuadrados una treintena de modernos ordenadores del tamaño de un armario de tres cuerpos custodian los datos fiscales de los españoles. Más de 900 terabites de información, el equivalente a 189 millones de volúmenes como la Biblia.
Son dos imágenes que muestran la cara y la cruz de la desigual adaptación de la administración a la modernidad. «Hacienda es la más avanzada. El dinero es el dinero», bromea Carlos Guadián, consultor de modernización de sistemas. «Al resto les hace falta un gran impulso. Y Justicia, es casi obvio, es un desastre, aunque también hay que tener en cuenta que sus competencias están muy repartidas y eso lo complica todo», explica. Este consultor, que escribe desde hace años el blog k-government.com, no es el único en criticar el funcionamiento de una administración obsoleta en el campo de las nuevas tecnologías. «Le hace falta modernizarse. Sin embargo, no se pueden comparar unas administraciones con otras cada una es distinta y compleja», opina Juan Miguel Márquez, director general para el Impulso de la Administración Electrónica.
Márquez insiste también en que el funcionamiento de la administración de Justicia es complicado. «El problema está en que es un cogollo muy complejo en el que las competencias están muy repartidas ente el Consejo General del Poder Judicial (para los jueces), el ministerio (para las oficinas) y las comunidades autónomas (para funcionarios y material)», explica Javier Martínez Lázaro, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esto hace también que unas cosas estén más avanzadas que otras. El 90% de los documentos (partidas de nacimiento, defunciones, matrimonios…) de los registros civiles ya está informatizado. Y existe una base de datos en las que se pueden consultar a través de Internet tres millones de sentencias, a modo de jurisprudencia. Por el contrario, no existe un directorio digital el que un juez pueda consultar las causas pendientes que alguien a quien va a juzgar tiene en otras comunidades o su situación procesal. «Incluso dentro de la misma región no tenemos acceso a esta información. Sólo cuando el acusado está condenado y está apuntado en el registro de penados y rebeldes», explica un secretario judicial.
Hace una semana Augusto Méndez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, criticó el funcionamiento de la administración de Justicia y reclamó un sistema de interlocución de los juzgados con la Fiscalía o la Policía Judicial y un mecanismo que de cuenta de la situación de los presos preventivos. No sin motivo se ha creado esta legislatura la secretaría general para la Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. «Nos faltan sistemas de tramitación global. Hay que hacer sistemas más complejos para dar servicio al ciudadano. Los jueces reclaman además sistemas más eficaces», sostiene Martínez Lázaro.
Para muchos, todos estos problemas se solucionarían si se hiciese con todos sus sistemas informáticos y bases de datos algo similar al portal 060. Unificarlos y centralizarlos. «Objetivamente sería lo ideal, sin embargo, esto choca con la ley de protección de datos», asegura Beatriz Martínez. Artemi Rayo, director de la Agencia Española de Protección de Datos lo corrobora: «Acumular toda la información de los ciudadanos en una única base de datos no sólo es difícil de imaginar sino que no estaría bien. Además, la ley lo prohíbe».
Sin embargo, la normativa contempla los intercambios de información -que puede ser cedida en determinados supuestos- entre las distintas administraciones. Hacienda y Seguridad Social, por ejemplo, cruzan datos. No son las únicas. Justicia e Interior también lo hacen. Pero para Guadián la tan deseada conectividad de las bases de datos es algo que «tardará en llegar». «Primero hay que conectar muchos departamentos internos y luego pasar al resto».
No sólo Justicia se enfrenta al reto de modernizarse. Sanidad se enfrenta a lo mismo. Esta administración aspira a interconectar las bases de datos autonómicas con los datos de las tarjetas sanitarias (incluyendo quizá los principales datos diagnósticos). Además, dentro de cada comunidad plantea implantar la receta electrónica y el historial clínico informatizado. Sin embargo, también se encuentra con la dificultad de que los resultados, en cada uno de sus actores, es desigual. En un hospital grande de Madrid, como el Gregorio Marañón, las historias clínicas de los pacientes se almacenan en sobres y se archivan en un centro externo. Cuando un paciente ingresa en urgencias, los médicos se ven obligados a reconstruir junto a él o su familia sus antecedentes médicos. Tampoco hay prácticamente comunicación electrónica entre los centros de atención primaria y los especializados. En cambio, en Aragón el 80% de los centros de primaria tiene implantada la historia electrónica.
Vistos estos ejemplos son muchos los que se cuestionan el porqué de tantas diferencias entre administraciones. Y sobre todo por qué no aplican todos los mismos sistemas. «Nada tiene que ver la información numérica con la que precisa un auto judicial», responde el director general para el Impulso de la Administración Electrónica. Sin embargo, la comparación entre administraciones es inevitable. «Nuestro sistema no se puede exportar. En todo caso se podría adaptar», explica Santiago Segarra, director del departamento de Informática Tributaria.
En la sala desde donde se controla el funcionamiento de todas las oficinas de la Agencia Tributaria llama la atención una enorme pantalla donde cada lucecita es una de las oficinas. «Aquí vemos si hay alguna que falla. Se refleja todo», explica. «Son 25 años de trabajo para llegar a esto. Ahora cada día mil personas confirman su borrador de la declaración de la renta por SMS», dice. Un acto que, dentro de poco, no llamará tanto la atención.
El 31 de diciembre vence el plazo para cumplir la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones. «El reto es lograr que los ciudadanos puedan hacer sus gestiones de manera electrónica», explica Juan Miguel Márquez. Él reconoce que además de mejorar todos los sistemas técnicos y algunos procedimientos tendrá que cambiar la mentalidad de trabajadores y usuarios.
De momento se ha creado un punto de acceso único a las distintas administraciones. El portal www.060.es. «Un instrumento útil que evita que el ciudadano tenga que ir navegando por ahí», explica Márquez. La web, que ya tiene casi 41.000 usuarios registrados, permite consultar el saldo de los puntos del carné de conducir, solicitar un cambio de domicilio o, en algunas comunidades, la petición del carné de familia numerosa.
«La Administración es la locomotora de las nuevas tecnologías en España y así debe actuar», asegura Beatriz Martínez, consultora y auditora de seguridad de la información. Pero casos como el de Mónica y su volante de empadronamiento siguen sucediendo. Todo ello a pesar de que existe una normativa por la que, si se autoriza, la administración correspondiente puede comprobar el domicilio consultando el sistema de verificación de datos de residencia. Sin embargo, a ella nadie le pidió esa autorización. «Muchas oficinas no tienen la infraestructura para hacerlo», sostiene el consultor Carlos Guadián.
A pesar de la imagen del juzgado invadido por el papel, la Administración ahora anda al trote en la carrera tecnológica, según cuenta Juan Miguel Márquez. «Hace cuatro años, cuando llegamos al ministerio, no sabíamos ni siquiera cuántas web tenía la Administración. Tampoco había una red que conectase a la Administración General del Estado con las comunidades autónomas. Cada ministerio tenía su propia conexión, si podía, con las distintas autonomías».
