Vía Las 1001 ideas me llega a Google Reader «Administraciones de bajo coste» dónde se aboga por la austeridad y la moderación de gasto en la Administración Pública siguiendo los modelos empresariales denominados Low-cost.
El razonamiento que hace de maximizar las inversiones y de gastar en lo estrictamente necesario concuerda con lo que imagino tenemos todos en mente. Pero aunque el autor de la idea expone que no tiene por que suponer «La Administración de bajo coste no supondría un menoscabo a los Servicios que ésta debe prestar, ya que estos no se verían afectados por los recortes«.
Pero mi experiencia con empresas Low-cost desde luego no es de lo más satisfactoria. Ya que aquello que primero se elimina es lo que supone un valor añadido al servicio como la comodidad del mismo y en muchos casos la atención proporcionada a los ususarios. Teniendo en cuenta además que quienes más sufren en estos modelos son los empleados con sueldos muy ajustados. Y yo no veo que el trabajador público vaya a dejar que se le ajuste el salario para reducir costes y desde luego no me gustaría que los servicios de atención al ciudadano se vean disminuidos de la misma manera que hay ciertas compañías aereas que reducen el espacio vital durante el vuelo de tal manera que las rodillas tocan con el asiento delantero, haciendo totalmente imposible estar cómodo.
El artículo aboga por que esta reducción de costes conllevará más votos para los políticos pero soy del parecer contrario. La ciudadanía lo que quiere es un servicio de calidad, un trato personalizado, amable y por supuesto eficaz y eficiente.
Yo no quiero una Administración Low-cost, no quiero un modelo de bajo coste con todo lo que supone. Pero si que quiero que el dinero de los contribuyentes sea utilizado adecuadamente, que no se gaste por gastar y por supuesto que se nos ofrezca un servicio con el que se nos mejore la calidad de vida.
Que para eso pagamos impuestos!!!
@prolongo: Pues yo creo que un Quijote que siguiendo su ilusión y que persiga ideales es perfecto para intentar llevar el cambio a la AAPP. Lo del Robocop lo veo demasiado expeditivo y no creo que entrara demasiado bien en ningún nivel de trabajo, por no hablar de lo que dirían los sindicatos y los políticos. Aunque pensándolo mejor seguramente el Quijote también provocaría esas reticencias. El problema creo que en muchas ocasiones son los representantes de unos y otros, es decir de los trabajadores públicos y de los ciudadanos (sindicatos y políticos). Unos por exceso de celo defienden a su representado a vida o muerte tenga o no tenga razón y otros por que no lo hacen y no ven más allá (algunos) de sus intereses personales y partidistas.
La reforma Administrativa, ese nuevo modelo de gobierno al que te refieres la asimilo a la forma de actuar que Sancho el Bravo quiere abordar pero no puede (o mejor dicho, no le dejan). Pero no por ello se debe abandonar ese camino, sin embargo, mientras Sancho el Bravo lucha por la reforma desde la base ya que va para largo, actuemos tambien como Sancho el Fuerte haciendo que lo que hay funcione un poco mejor. Y nunca nos abandonemos como Sancho Panza a la espera de un cambio que quizá nunca llegue.
Por otra parte disiento contigo en lo de que lo que puede que haga falta sea un Quijote, es decir, alguien movido por ideales irrealizables y persiguiendo ilusiones. Aunque sea bastante menos literario que tu prouesta, yo creo que lo que necesitamos es un Robocop Administrativo.
🙂
@prolongo: Chapó la metamorfosis de Sancho el Bravo a Sancho Panza… Pero puede que lo que nos haga falta es un Quijote para luchar contra los molinos. Creo que me dará para otro post.
La Administración Pública requiere, en mi opinión, una gran reforma que la haga menos pesada, más ágil en su funcionamiento, menos burocrática en sus procedimientos… al tiempo que respete la legislación vigente.
Pero mientras llega esa gran reforma (¿llegará algún día?) no estaría de más mejorar algunos aspectos del funcionamiento actual. Por ejemplo, si un gasto ha de ser autorizado por tres personas, pues que siga así, pero que el procedimiento por el cual estas personas han de firmar sea lo bastante ágil como para que estas firmas no demoren en exceso el pago de las deudas.
Existe un paralelismo histórico (por llamarlo de alguna forma) acerca de cómo un cargo recíén llegado a la Administración evoluciona.
1.-Tras ocupar el cargo y analizar la situación, el nuevo cargo decide actuar enérgiamente: modirficando procedimientos, organizando los servicios, mejorando la forma de trabajar, instaurando metodologías… Es decir, actuar como si de Sancho el Bravo se tratara.
2.-Pero poco a poco se da cuenta que se está enfrentado al sistema, que los políticos no le dejan actuar, que los altos cargos no quuieren sus mejoras, que los sindicatos se le echan encima. Entonces esta persona decide no cambiar, sino sólo dirigir con eficacia el sistema existente, exigiendo que la gente trabaje, pidiendo que se cumplan objetivos… es decir, se convierte en una especie de Sancho el Fuerte.
3.-Sin embargo comprueba que aquellos que dependen de él no cumplen su deber, que sus informes dirigidos al departamento de personal denunciando la indolencia no sirven para nada, que los sindicatos no le dejan vivir… entonces se convierte en Sancho Panza.
Y esta es la manera como el sistema Administrativo español fagocita a las personas que tienen ganas de hacer las cosas bien. Y esto es lo que habría que cambiar. Poco sentido tiene cambuiar el marco legal Administrativo si la actitud de los que deben aplicarla es la que es (perdonad la injusta generalización, pero esto ocurre mucho más de lo que se pudiera creer).
Saludos.
@prolongo: La actuación en la Administración Pública se basa en aquello que está escrito y en aquello que se permite hacer. En principio no tiene por que haber «discreccionalidad» en la toma de decisiones, al menos por parte del empleado público ni tampoco por parte del gestor político. Pero si que tiene que haber, que existir, la capacidad de definir políticas o actuaciones en función de las necesidades de la ciudadanía o del programa con el que un determinado partido haya ganado las elecciones.
Que los intereses de la ciudadanía primen sobre el resto tendría que ser una premisa inamovible pero que variará en función de la escala de preferencias de cada uno.
Llegados a este punto ¿qué nos interesa más? Añadir más normas y fiscalización a la actividad pública o realmente buscar nuevos modelos que permitan optimizar más el gasto. Por que qué necesidad que un gasto que tenga que realizar un determinado público tengan que autorizarlo tres o cuatro personas más???
Un nuevo modelo de gestión de la Administración Pública es un loable objetivo a perseguir, pero a la vez un reto difícil de alcanzar. Lo que yo propongo es algo mucho más preciso, que no requiere grandes modificaciones del marco normativo de la Administración Pública. Simplemente abogo por el sentido común, porque un equipo de gobierno con auténtica vocación de servicio público sea capaz de anteponer los intereses del pueblo a todo lo demás, y todo ello sin cambiar una letra del extenso derecho administrativo.
Probablemente te parezca que soy un iluso, pero es que una vez conocí a un político capaz de moverse por el bien de su piuebo antes que por el suyo propio (o el de supartido), por eso no descarto que en el futuro pudiera ocurrir un milagro como el que expongo.
Aunque pensándolo bien, quizá sí podría hacerse algo por parte del legislador para impulsar la Admon de bajo coste, y es crear una Ley de responsabilidad política. Estoy seguro que si a los partidos se les obliogase a cumplir con sus compromisos y promesas electorales, entonces prometerían menos o se esforzarían más en cumplir lo prometido.
En fin, dado que son las 24:00 y que llevo levantado desde las 6:00, creo que no sé ni lo que escribo.
saludos.
@prolongo: en el fondo coincidimos pero tal y como dices al principio el calificativo es en lo que no acabamos de coincidir. Y por lo que vas expresando veo que lo que estás reclamando es un nuevo modelo de gestión de la Administración Pública. Hemos debatido y bastante sobre un modelo «Open Government» en el que se soluciones diferentes problemas como la rigidez y la verticalidad de nuestra administración. La dependencia en muchas ocasiones a decisiones de tipo partidista impide la continuidad de determinados proyectos debido sólamente a que han sido impulsados por otra opción política. Y por supuesto el tema de agotar el presupuesto a última hora para no perder cuota presupuestaria tendría que verse con un poco más de detenimiento. Me gustaría ver un gráfico con la cadencia de gastos durante todo el año. Igual si se impidiera realizar más de un 20% del gasto en el último mes se arreglaba algo y como mínimo el gasto se realizaría con un poco más de perspectiva. Y por supuesto aplicar lo mismo en períodos electorales. Sería una manera de poder legitimar el gasto adecuadamente.
Hola de nuevo.
No sé si el calificativo «low-cost» es el más apropiado para mi propuesta considerando las importantes diferencias entre empresa pública y privada, pero he utilizado el término porque el fundamento es común en ambos ámbitos: eliminar (o minimizar) lo superfluo. Una vez reducidos los costes entonces sí se produce la gran diferencia: en la privada se reducen los precios al cliente, y en la pública pues depende, se pueden mejorar servicios, se puede crear nuevos servicios e incluso quizá se pueda reducir en alguna media los impuestos (esto último, caso de ser posible, haría coincidir aun más el concepto low-cost entre privada y pública).
Quizá el principal problema sea definir qué es lo superfluo porque lo que para unos es innecesario para otros puede ser importante.
Muchas administraciones (entre ellas las locales que son las más cercanas a los ciudadanos) están actualmente redefiniendo sus procesos. Este es un buen momento para encontrar esos puntos de despilfarro y de aplicar políticas de ahorro. Esta redefinición de procesos también puede servir para encontrar esa duplicidad (e incluso triplicidad y más) de servicios que se prestan por las distintas administraciones, reunificándolas en una única Unidad Administrativa que prestaría el servicio mucho mejor y de forma más económica.
No sé en qué manera se contradice el low-cost aplicado en la Administración con el garantismo que esta debe aplicar.
Por otra parte, recordemos cómo funciona la contabilidad presupuestaria de la empresa pública. En demasiadas ocasiones, cuando se acerca el final del ejercicio económico, muchas Unidades Administrativas gastan indiscriminadamente con objeto de «agotar el presupuesto», ya que de no hacerlo el siguiente ejercicio económico puede verse afectado negativamente en cuanto a dotación dineraria. O dicho de otra manera: se trata de gastar por gastar para poder tener dinero el siguiente año. Esto de agotar el presupuesto es algo que saben muy bien las empresas proveedoras de la Administración, y a veces algunas inflan las ofertas a sabiendas de que el responsable de la Unidad en cuestión tiene que gastarse la pasta sea como sea. Resolver este asunto sería otra forma de ir al low-cost.
En otras ocasiones, sobre todo en el caso de la Admon local, en aquellos años electorales en los que se presiente que habrá un cambio de signo político (e incluso sin cambio de partido gobernante) el equipo de gobierno saliente se gasta toda la pasta con rápidez con objeto de dejar a los entrantes con «una mano delante y otra detrás» durante el resto del ejercicio. Otro asunto a resolver por la implantación del low-cost.
Y se me ocurren muchas más ideas. Todo ello sin tocar el sueldo de los empleados públicos y sin mermar la calidad de los servicios prestados (más bien al contrario).
Saludos.
@prolongo: Tienes razón y seguramente tendría que haber seguido la discusión a tu propuesta en la plataforma en la que propusiste la idea, pero creí oportuno abrir la discusión un poco más allá ya que me pareció interesante la misma por todo lo que podría suponer. Creo que el punto de discusión es ver que es realmente ver que se considera superfluo y que no. Las acciones de protocolo y de comunicación podrían entrar en esta categoría pero tengamos en cuenta que también son acciones reclamadas por parte de la ciudadanía.
Que habría que optimizar costes no lo voy a discutir, pero de ¿dónde? Creo que esa es la cuestión clave para todo esto. Creo que tal y como expuso @Félix el garantismo de la administración encarece bastante cualquier actuación que se realiza. Pero de cualquier manera creo que en el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo.
Hola, soy Prolongo, el autor del texto objeto de discusión.
Me ha sorprendido que los comentarios sobre mi texto se desarrollen en un sitio diferente al lugar donde la idea fue expuesta. Creo que lo apropiado hubiera sido abrir el debate en el lugar original, porque si no el autor (en este caso yo) no podría aclarar todas aquellas dudas que pudieran surgir.
Por supuesto que mi propuesta no es más que eso, una propuesta y por lo tanto sujeta a todo tipo de críticas y mejoras.
Sobre los comentarios realizados quisiera hacer algunas observaciones:
1.-Dice Carlos Guardian que en las estrategias de low-cost uno de los aspectos negativos es el sueldo de los trabajadores. Y si bien esto es cierto, no lo sería tanto en el caso de la Administración. En primer lugar porque los sueldos de los empleados públicos (o al menos una buena parte de él) no es algo que se pueda modificar con alegría (de hecho creo que uno de los principales problemas de la Administración es que no se puede premiar -o es muy difícil hacerlo- el trabajo bien hecho ni castigar la indolencia laboral). Por ota parte, en mi artículo daba una relación de actuaciones dirigidas a rebajar costes pero ninguna de ellas consistía en bajar los sueldos ya de por sí mermados de los funcionarios.
2.-Durante el pasado evento futbolero muchos ciudadanos habrán pensado (con razón o sin ella) por qué el Rey, el Presidente del Gobierno y una larga lista de personajes de la política han tenido que ir a presenciar los partidos. Yo no sé si las entradas se la pagaron ellos o si el dienro salió del erario público, pero las pagaran quien las pagaran estoy seguro de que su asistencia ha supuesto un gasto importante para las arcas del estado en aspectos como la seguridad, los desplazamientos, los gastos protocolarios y demás. A este tipo de gastos (entre otros muchos) me refiero cuando hablo de recortar los costes.
3.-Lo de que la reducción de costes no tiene por qué conllevar más votos, pues depende. Si un partido político usa convenientemente este argumento como baza electoral, pues quien sabe lo que puede ocurrir.
4.-No pretendo hacer un juego de palabras ni bautizar nada, ya que la idea que planteo no es la de mayor eficacia de la Administración pero con la redenominación de «low-cost». Hablo de eliminar lo superfluo en la Administración, que es mucho. Mi propuesta podría denominarse de muchas maneras diferentes, pero no bajo el nombre de eficacia, sino más bien de eficiencia, considerando que el principal recurso de la Administración pública es el dinero de los contribuyentes. Estos recursos habría que usarlos de manera más eficiente (a la vez que eficaz) eliminando todo aquello prescindible.
5.-Otras de las diferencias entre el ow-cost privado y el de la Administración es que en este último no sería necesario aplicar el concepto de competencia, sino el de «sentido común» en el gasto.
6.-No eliminaría ningún servicio, eso es algo que queda claro en el artículo. Sólo elimino lo superfluo. Pero también lo redundante, por ejemplo: en la ciudad en la que vivo existen servicios sociales de protección a la mujer que los presta el Ayuntamiento, pero también hay otros que presta la Diputación, y otros que presta la Adminisración autónoma. Son servicios públicos que se prestan de forma separada y descoordinada. ¿No se ahorraría bastante si los servicios duplicados se concentraran en un sólo lugar ganando en eficacia y en eficiencia, y también en costes?. A reunificar servicios yo no le llamaría eliminar servicios, sino optimizarlos.
7.-Por supuesto, habría muchas cosas que matizar.
Saludos.
EStoy de acuerdo contigo, Carlos, eso de «bajo coste» aplicado a lo público habría que matizarlo. Si lo que al final se tiende es a bajar el gasto público para limitar la producción de valor no estoy de acuerdo. Si de lo que hablamos es de usar el dinero de una forma mucho más adecuada estaría conforme.
@Félix; pero si sale mal ¿qué ocurre con ese riesgo asumido? ¿El político lo querrá asumir? y ¿el funcionario?
Abundando en el tema de la reducción de costes, una razón por la que la Administración Pública es cara es porque es muy garantista. Garantizar todo, siempre, es caro.
Un buen análisis de riesgos, valorando en cada caso la probabilidad del suceso y ponderandolo con su coste, puede descubrir fácilmente «pozos negros» donde se mete mucho dinero y recursos pero que no dan rendimiento ni servicios.
Asumir riesgos no sólo puede ser una forma de innovar, sino también de ahorrar.
@Manuederra, @Félix; Desde luego un factor a tener en cuenta a la hora de reducir costes es el tamaño de la administración en cuestión, pero tal como señalas @Félix el actual modelo autonómico es totalmente contrario a ello. Pero por otro lado esa descentralización también permite adaptar los servicios a las necesidades específicas de cada territorio o a sus preferencias. Al menos tendría que ser así y permitir una mejor optimización de servicios.
Por otro lado el tema de la competencia es vital ya que al no haber la ciudadanía son clientes cautivos si posibilidad de elegir otro proveedor, pero lo que si que tiene que haber son ciudadanos exigentes que fiscalicen la actividad pública. Por qué los servicios supérfluos para unos pueden ser de vital importancia para otros, todo dependerá del orden de prioridades establecido.
¿Por qué que tipo de servicios o gastos reduciríais en la Administración Pública?
Es una idea interesante, desde luego. Pero las compañías de bajo coste lo son porque entran en un mercado en competencia, diferenciando la oferta. Para poder trasladar este modelo al sector público habría que permitir que los organismos públicos compitieran entre sí en la oferta del mismo servicio al ciudadano, lo cual no parece tener mucho sentido.
Otra forma de reducir costes es aplicar economías de escala, pero para ello es necesario simplificar no tanto los procedimientos como la estructura del sector público español, lo cual va en contra de la tendencia actual a la regionalización y descentralización de competencias.
Siempre lo he dicho, el estado de la autonomías puede ser apropiado para nuestra diversa idiosincracia, pero es caro.
Bueno, entiendo que quien propone eso tal vez sólo quiera hacer un juego de palabras, a ver si triunfa en este camino del exceso por bautizar las cosas. Desde luego, si la cuestión es reducir tamaño, den entrada no. ¿Mayor eficacia y control del gasto público? Seguro.
Con el low cost muchas veces sabes lo que compras y, entre otras cosas, compras limitar la capacidad a exigir más allá de un mínimo. Y precisamente la Administración necesita ciudadanos exigentes, comprometidos con un buen servicio público, que demanda altos estándares de calidad en la provisión y prestación de servicios avanzados.
Post en K-Government Adming o Administración Low-cost: Vía Las 1001 ideas me ll.. http://twurl.nl/yl5o2m
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