Las subvenciones e incentivos que las distintas Administraciones ponen a disposición de otras Administraciones son un importante acicate para abordar distintos proyectos que sin esas ayudas económicas serían difíciles de abordar.
Además, la exigente Ley 11/2007 obliga a la Administración a ponerse las pilas con una fecha tope que ya comienza a estar peligrosamente cerca. Muchos organismos públicos no podrán cumplir con dicha Ley si no disponen de suficiente ayuda económica.
El próximo lunes acaba el plazo que ha establecido la Consejería de Innovación Ciencia y empresa de la Junta de Andalucía para la presentación de solicitudes de incentivos para proyectos de innovación e impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones Locales Andaluzas.
Me estoy encargando de tramitar todos los proyectos. No sólo el mío (que por cierto dejé listo a finales de julio) sino también del resto de departamentos. Me han llegado todos en los dos últimos días y estoy que no doy abasto. El caso es que me están llegando proyectos que yo ni me podía imaginar que necesitábamos.
Y es que el espíritu de los incentivos es el siguiente (punto de vista de la Junta de Andalucía): si tienes proyectos interesantes —sobre todo de eAdministración—, infórmame de los mismos y si son adecuados entonces pondré un generoso porcentaje del coste del mismo.
Pero la realidad es otra (punto de vista de los entes locales): hay dinero a la vista, veamos de qué forma podemos conseguir un buen trozo de la tarta y luego ya veremos la forma de gastarlo.
Yo la vía de la incentivación por subvención no la veo mal, siempre y cuando la finalidad de la ayuda quede comprobada en su ejecución. Los ayuntamientos, sobre todo si son diligentes a la hora de conseguir financiación extra para sus proyectos, vía estas subvenciones puede que no ejecuten la ayuda en las necesidades reales que tengan y que lo hagan más en función de las expectativas de desarrollo que marca quien da el incentivo.