Menos mal que tenemos la crisis

Desde que leí por vez primera la LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el mismo día de su publicación en el BOE, consideré que se trataba de una Norma extremadamente exigente. No sólo por aquello de dar el paso del “podrán” al “deberán” en lo que a la prestación de servicios telemáticos se refiere con todo lo que significa de puesta en marcha de proyectos, infraestructuras, reingeniería…, sino principalmente por otras dos razones.

Por un lado por el exiguo plazo de tiempo que daba a todas las Administraciones para que pusieran en marcha los mecanismos necesarios para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce.

Y, por otra parte, porque la única excepción que la Ley recoge para que un Organismo Público no la cumpla es no tener disponibilidad presupuestaria. Y esto, cuando se redactó la Ley era casi como decir que no habría excusas para su incumplimiento. Tengan en cuenta que si dos años y medio era poco tiempo para montar toda la infraestrcutura tecnológica necesaria, sin embargo si daba tiempo de sobra para preparar los presupuestos de forma que fueran capaces de soportar los gastos que se avecinaban.

Pero claro, mientras esta Ley se estaba elaborando aun no habíamos entrado en el período de profunda crisis que estamos padeciendo, es más, ni siquiera había indicios de que se fuera a producir. O sea, que en principio no quedaba más remedio que ponerse a trabajar y construir la Administración electrónica. Pero este no es un camino fácil. Son muchos los problemas que surgen en este tipo de proyectos. Seguidamente comento algunos de ellos (no quiero decir que todos las empresas públicas tengan todos los inconvenientes que cito, pero difícilmente no reconocerán varios de ellos):

El primer gran inconveniente es la falta de experiencia en este tipo de proyectos así como de conocimientos técnicos, y con el poco tiempo del que se dispone no hay oportunidad de hacer muchos experimentos y pruebas antes de empezar con el proyecto en serio.

La reingeniería de procedimientos choca con la falta de conocimiento del procedimiento objeto de trabajo, porque cada actor que participa en el procedimiento suele conocer su parte del trabajo, pero apenas nada más del resto del procedimiento.

La propia cultura de la Administración que en muchas ocasiones hace de la garantía jurídica una excusa permanente de inmovilismo que frena el más mínimo cambio.

La fragmentación de los servicios públicos, que complica sobremanera los procedimientos objeto de automatización. Y para más inri, la descoordinación entre los órganos administrativos con existencia de auténticos reinos de Taifas con intereses particulares, incluso contrarios a la redefinición del procedimiento que les afecta.

El cambio organizativo que conlleva la redefinición de los procedimientos y que afecta a personas, plazas y puestos, con la dificultad expresa de tener que modificar la RPT y realizar la oportuna valoración de puestos.

La extremada dependencia del Servicio de Informática en cosas que pueden hacerse desde el propio órgano administrativo (muchísimos procesos suelen requerir la participación del Servicio de Informática aunque no le ataña directamente, simplemente porque se utiliza un PC).

El síndrome del quemado entre los usuarios por la cantidad de problemas del día a día que no se resuelven, lo que se convierte en un lastre para la participación en la reingeniería de procesos.

Los datos incompletos e inexactos que generan errores en los procesos….

Es decir, que llegar a tiempo a cumplir la Ley 11/2007 acarrea muchos problemas, algunos de ellos insalvables para depende qué Administraciones.

Cuando los responsables de las distinas Administraciones comenzaron a preocuparse porque se les echaba el tiempo encima, afortunadamente y casi por sorpresa llegó la crisis. Y digo afortunadamente porque los recortes presupuestarios derivados de la misma van a permitir que muchas Administraciones se acojan a “la indisponibilidad presupuestaria” para justificar el incumplimiento de la citada Ley. Y muchos pensaron: «menos mal que tenemos la crisis».

O dicho de otra forma: los recortes presupuestarios, consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo, servirán para ocultar la incapacidad de muchas Administraciones para cumplir convenientemente con la LAECSP.