Servicios públicos patrocinados

La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. (vía Wikipedia)

El retorno a la sociedad de parte de los beneficios que las empresas obtienen de esta es el objetivo que muchas corporaciones tienen en mente. Aparte de los beneficios fiscales que puedan obtener por el desarrollo de determinadas acciones, también se busca la mejora social en su conjunto, hecho que aumentará el capital social y por lo tanto generará también un mejor entorno para el desarrollo de negocio. Los porqués de acciones de este tipo se pueden encuadrar bajo la perspectiva moral, social y económica y aunque sean mayoritariamente de carácter voluntario, tener definida una gestión empresarial acorde a estos principios siempre será beneficioso ya que revertirá en el conjunto de la sociedad [1. El porqué de la responsabilidad social corporativa, Autores: Marta de la Cuesta González, Localización: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN 0214-8307, Nº 2813, 2004 , págs. 45-58].

La característica principal es la voluntariedad de las empresas para emprender acciones de este tipo. Teniendo en cuenta esto desde las administraciones públicas también se trabaja en la dirección de encuadrar y promocionar este tipo de acciones. Las directrices de la Unión Europea en materia de RSC animan a todos los estados miembros a impulsar políticas que faciliten este tipo de actuaciones.

Las acciones más habituales las encontramos en el patrocinio y en el mecenazgo. Organizaciones no gubernamentales suelen ser receptoras de acciones de RSC, pero también es bastante habitual encontrarse con acciones que no tienen ningún tipo de intermediario. Incluso acciones en las que esas acciones de RSC se hacen llegar a la sociedad a través de los propios empleados de las empresas.

Los beneficios que se obtienen, dejando de lado los fiscales, no tienen una medición objetiva. El hecho de facilitar medios a un equipo deportivo o promocionar una determinada actividad cultural revertirá positivamente en el conjunto de la sociedad.

Teniendo en cuenta el momento de crisis en el que estamos envueltos actualmente cabe encontrar también acciones enfocadas a facilitar determinados servicios públicos. Es decir, que el objeto de la actuación sean servicios públicos, que debido a la crisis y en consecuencia los recortes presupuestarios puedan verse afectados. Aquí ha cambiado la tendencia y se ha pasado de una situación, en la que las Administraciones eran patrocinadoras a otra en la que son receptoras de estos patrocinios.

Se ha acabado el tiempo, al menos de momento, en el que desde las Administraciones Públicas se patrocinaban eventos deportivos, culturales, académicos. Es más se están poniendo en duda su necesidad a causa de los recortes de presupuesto o de su oportunidad como es el caso del patrocinio del Aeropuerto de Castellón con un millón de euros a un equipo de motos.

La tendencia ha cambiado. Y hoy en día no es extraño encontrarse en universidades públicas con aulas “patrocinadas” e incluso cátedras bajo el nombre de alguna gran empresa. Incluso en hospitales públicos habitaciones que también tienen el nombre de alguna corporación [2. Conversación en Twitter sobre servicios públicos patrocinados https://twitter.com/jordimartifont_/statuses/412671600480100352].

Los acuerdos que se van visualizando en este campo están principalmente relacionados con el sector del transporte. Podemos ver ejemplos en el metro de Madrid o el de Dubai. Según Carlos Cantó, vicepresidente y jefe de consultoría en Sector Público y Turismo de IMG ya se han firmado acuerdos por un valor de 600 millones de euros en todo el mundo [3. Patrocinios al rescate de las ciudades http://www.expansion.com/2013/10/11/directivos/1381514479.html].

Esta colaboración público – privada ya se visualiza desde algunas instituciones públicas. Por ejemplo desde la página de Universidad de Sevilla podemos ver qué empresas son las patrocinadoras de su servicio de deportes. Otras como la consejería de comercio y turismo de la Junta de Andalucía especifican todo lo relacionado con estos patrocinios. Desde la tipología de actos a patrocinar, a qué requisitos han de tener las empresas que opten por una acción de estas características.

Las cátedras de empresa, como en la Universidad Politécnica de Valencia, son una forma de establecer una amplia y cualificada colaboración de empresas, fundaciones y otras entidades con vinculación empresarial con la Universidad Politécnica de Valencia para desarrollar objetivos de docencia, transferencia de tecnología y conocimiento y de investigación [4. Cátedras de empresa – UPV. http://www.upv.es/entidades/CATEMPRE/]. También encontramos ejemplos en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Sevilla, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o la Universidad de Zaragoza entre otras. Y no podemos olvidar a los Simpsons, que ya profetizaban una tabla periódica patrocinada por Oscar Mayer, con la que la profesora preguntaba sin problemas a sus alumnos cuál era el peso atómico del salchichonio.

Estos patrocinios también pueden verse en el ámbito de la salud. Por ejemplo desde 2008 en Reino Unido pueden hacer campañas de promoción de sus servicios y buscar patrocinadores para financiarlo. También podemos encontrar ejemplos en el mantenimiento de monumentos como es el caso de la empresa Karcher con el Monte Rushmore en EEUU o el teatro nacional de Praga.

Es indudable que la colaboración de una empresa privada puede aportar los recursos necesarios para seguir manteniendo determinados servicios públicos. Pero ésta debe hacerse bajo unos criterios definidos y una transparencia total. El peligro de incurrir en situaciones que puedan ser sospechosas es grande. Incluso podemos ver como estos patrocinios pueden haberse producido bajo el intercambio de favores y el tráfico de influencias.

Pero no sólo es la transparencia en cuanto a las cantidades aportadas, también las condiciones y beneficios que pueda obtener la empresa han de ser expuestas sin problemas. Cualquier duda sobre dichos acuerdos puede enturbiar el patrocinio y al final provocar más problemas que beneficios, no sólo a la empresa sino a la misma administración pública y su ciudadanía. En este punto el impulso de la apertura de datos bajo el paraguas del gobierno abierto es fundamental.

Ahora más que nunca, en que muchos servicios públicos están peligrando debido a la falta de presupuesto, las empresas y corporaciones deberían plantear sus programas de RSC para darles soporte. El peligro de querer condicionar los servicios es grande, al menos la suspicacia de los usuarios puede apuntar en esta dirección. Pero también es cierto que si gracias a la colaboración privada servicios en educación, sanidad, transporte pueden seguir funcionando bienvenida sea. Y lo queramos o no nos tendremos que acostumbrar convivir con la presencia de marcas comerciales en servicios públicos.