Artículo publicado originalmente en Yorokobu el 19 de mayo de 2014
autor: Borja Ventura – @borjaventura
En la vida de toda persona hay decisiones de las que uno puede arrepentirse. Algunas llegan a la mañana siguiente de una noche de fiesta, mientras otras pueden suponer una larga condena de años en prisión. Pero hay arrepentimientos inevitables, como el de las elecciones: cada cuatro años como mucho vas a tener que entregar tu voto a alguien, aun con la posibilidad de que acabes maldiciendo tu decisión cuando ese candidato sonriente se convierta en un altivo dirigente que olvida todas y cada una de sus promesas.
¿Qué hacer? Hay países que son noticia cada dos por tres, como Suiza, porque convoca con cierta frecuencia referéndums para que los ciudadanos tomen partido por las cuestiones más espinosas o delicadas, en lo que algunos ven un modelo de participación ciudadana ideal. El problema es que Suiza no es España: aquí el descontento con los políticos crece, la participación política se desploma y las críticas a los partidos arrecian por culpa de la falta de soluciones ante la crisis, la ausencia de candidatos que enganchen y escándalos diversos. Una de las grandes críticas al sistema de una parte creciente de la sociedad es lo oxidada que se ha quedado nuestra democracia, pero¿cómo mejorarla?
En los últimos años muchos han estado dándole vueltas al desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la integración de la ciudadanía en la vida pública.Expresiones como «transparencia», «rendición de cuentas», «gobierno abierto», «participación ciudadana» o «democracia directa» han ido ganando presencia e importancia. No faltan iniciativas, muchas veces vinculadas al periodismo de datos y de investigación, que buscan ofrecer información pública sensible a los ciudadanos de una forma manejable y entendible. Porque ese es parte del problema: que hay mucha información pública que en teoría debería estar abierta a la gente, pero que no lo está. Avances como la publicación de las cuentas de los diputados o solicitudes en marcha como la publicación de sus agendas y reuniones, sus viajes y sus votaciones son el primer paso de todo el proceso: dar a los ciudadanos un conocimiento real, rápido y directo de qué hacen con su voto.
En ese resquicio, el de implicar más a los ciudadanos y ofrecerles más información sí ha mejorado mucho el panorama. Iniciativas diversas como las de Civio —con proyectos como Quién Manda, Tu derecho a saber o el Indultómetro—, redes sociales y plataformas de participación como Agora Voting, Democracia OS, Loomio o Kuorum, y apps como Congreso 2.0 o AppGree son algunos ejemplos en este sentido.
Pero vayamos al principio: ¿qué es la democracia? Votar y elegir. ¿A quién? Depende. En un país con listas abiertas, a personas; en un país con listas cerradas, a partidos: la diferencia es grande ¿Y para qué? Para que decidan por ti. Se supone que en base a una especie de contrato no vinculante por el que esos electos tienen unas ideas y un proyecto concreto que seguirán si consiguen aunar el apoyo de gente suficiente. ¿Y qué pasaría si, una vez el ciudadano tiene un mayor y mejor acceso a lo que se cuece en la vida política, eligiera directamente en lugar de tener que plegarse a lo que decidan por él? Porque, seguramente, ni todos los militantes del PP están de acuerdo con la reforma de la Ley del aborto ni todos los militantes del PSOE querrían revisar los acuerdos con el Vaticano.
El primer problema que plantea este debate es el de los medios. Si montar unas elecciones es carísimo y requiere la paralización de la vida política, ¿cómo sería posible habilitar formas en que la gente pudiera expresar su opinión de forma confidencial, no manipulable, continua, universal y barata? La tecnología es la respuesta. Pero claro, este era el primer problema, pero no el único, y seguramente no el más importante
Carlos Guadián, investigador experto en innovación en el sector público y gobierno abierto, alerta de que eliminar un sistema representativo «por una hipotética ágora virtual no solucionaría los problemas». En su opinión, «la ciudadanía, en el momento en el que nos encontramos, es proclive a participar en política cuando el tema le afecta directamente», por lo que parece inviable un sistema de democracia directa, aunque iniciativas en este sentido sí podrían contribuir a mejorar el sistema actual. «Sí que tendría sentido tener un sistema consultivo a la ciudadanía más flexible y ágil, es decir, preguntar sobre temas que sean críticos o de interés general».
En una línea similar se manifiesta Rafael Rubio, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y consultor: «Utilizar la tecnología para la adopción de decisiones públicas por parte de los ciudadanos es quizás el aspecto menos esencial de todos los que la tecnología puede aportar a la democracia. Antes es mucho más necesario usar la tecnología como forma de mejorar la información que tienen los representantes para adoptar decisiones», asegura.
¿Por qué esas reservas? En opinión de Rubio, «ahora que es posible técnicamente la participación directa es necesario defender la democracia representativa como el modelo que mejor responde a los objetivos de la democracia» porque, explica,« la democracia nace vinculada a dos principios: el primero es el democrático, que garantiza el gobierno de las mayorías; y el segundo, el liberal, que garantiza el respeto a las minorías marcándose los límites de lo que ni siquiera las mayorías pueden imponer al resto».
Según su análisis, la gestión política, ya sea de un país entero o de una ciudad, es tan compleja que requeriría «una participación permanente de la ciudadanía en la política, y, como eso es imposible, acabaría premiando a un nuevo tipo de ciudadano, el votante profesional, el ciudadano políticamente comprometido, cuyas decisiones no son necesariamente más democráticas que las del ciudadano que no tiene esa dedicación o incluso ese compromiso con la política». Por entendernos, se silenciaría a esa minoría que sí puede ir a votar cada cuatro años, pero que no tendría tiempo, conocimientos o interés por votar cada día.
«El problema», según Guadián, «es la ‘oclocracia’ y el ‘me apunto’ a una determinada acción sin haber reflexionado ni consultado cuánto de cierto hay tras ella. La manipulación y la demagogia pueden causar más daño que beneficio. Pero lo que sí es cierto es que las demandas ciudadanas de más y mejores formas de participación política deben satisfacerse por la buena salud de la democracia».
Porque en la necesidad de esa intermediación de candidatos electos e instituciones también coincide Guadián: «Alguien tiene que tomar las decisiones, de ahí que el sistema representativo es la mejor solución», considera. «Ahora bien, tiene que ser un sistema mucho más abierto. Primero, en cuanto a la elección de los representantes, lo que significa que haya listas abiertas y elección desde el primer cargo al último, además de que la rendición de cuentas se haga directamente al ciudadano y no a los partidos», matiza.
Es decir, que, aunque tecnológicamente sea posible establecer una democracia directa, puede ser contraproducente según los investigadores porque sobrerrepresentaría a grupos hiperactivos o ruidosos. Y eso sin entrar en las meras limitaciones técnicas ya que, aunque la penetración digital en España ha crecido muchísimo en los últimos años, sigue lejos de ser universal.
Además, como aseguran los detractores de este tipo de participación directa, la Constitución ya prevé que se sometan a referéndum —vinculante o no— las decisiones más importantes. El problema es decidir cuáles son esas determinaciones «más importantes» que se refieren únicamente a las que sostienen el funcionamiento del país, lo que ha hecho que se haya podido modificar la Constitución dos veces sin que los ciudadanos hayan votado: bastó con que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo.
Pero dejando de lado la posibilidad de la democracia directa para decisiones cotidianas, nueve partidos han decidido ya implementar la participación directa en su elección de candidatos. Según un artículo de Aitor Riveiro y Belén Picazo en elDiario.es, los resultados han sido claramente desiguales, siendo los mejores los de Izquierda Abierta, una facción de IU, donde votaron el 74% de los que podían hacerlo, y Compromís, donde lo realizaron el 65%. En el resto, la participación fue minoritaria (UPyD, un 32%; ICV, un 27%; Ciudadanos, un 23%; Equo, el 15%; y PSC, 9%). Por último, dos plataformas que no tenían un censo concreto como Podemos y el Partido X registraron la participación de 33.156 y 2.704 personas, respectivamente.
¿Y qué opinan quienes ya han usado estos sistemas? Independientemente de sus diferencias ideológicas, apuestan por ahondar más en su desarrollo y describen sus bondades, pero también alertan de sus riesgos
Reyes Montiel, que disputó por su candidatura en Equo para las elecciones europeas, dice que en su formación consideran que se debe «aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la tecnología para abrir una democracia». Sin embargo, describe un debate anterior: «Creo que independientemente de la herramienta, debemos reflexionar sobre la democracia que queremos. Nosotros hemos experimentado con ellas y yo creo que aún no hemos pasado de la fase de ‘laboratorio’ porque no es cuestión solo de querer usarla». «Debemos discutir sobre qué queremos decidir, cómo lo queremos dilucidar y con qué alcance, y después pensar qué herramienta es la más adecuada», resume.
Beatriz Becerra, número cuatro en la lista electoral de UPyD en las europeas, también comparte esa visión de que el debate es más de fondo. «La participación de los ciudadanos en una democracia representativa moderna y su intervención en la toma de decisiones que afectan al interés general no se circunscriben solo a los procesos electorales. Se basa en una exigencia activa de transparencia, responsabilidad, compromiso y servicio público. Las posibilidades que ha abierto internet para el ejercicio de esa exigencia activa son innumerables, desde la interacción con los cargos públicos hasta la presentación de propuestas cívicas a quienes los representan», asegura, aunque con un matiz: «El modelo de democracia representativa no puede convertirse en un sistema asambleario o de encuestas acríticas para cualquier cuestión».
Por su parte Alberto Sotillos, militante socialista muy crítico con la cúpula de su partido, entre otras cosas por la forma cerrada en la que toma decisiones, considera que «se deben ir dando los pasos hacia una democracia lo más participativa posible, pero sin que eso genere una democracia de dos velocidades entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen a herramientas de participación constante». Aunque sí aboga por un futuro «donde el ciudadano tenga que tomar partido y ser responsable de decidir colectivamente». Advierte que este modelo de participación es imposible hoy en día porque, en su opinión, «la participación democrática controlada» y solo la iniciativa de los partidos que controlan el sistema podría cambiar eso. «Los partidos deben regenerarse o refundarse para ser completamente abiertos y participativos».
Tenemos los medios tecnológicos, pero no están al alcance de todos. Tenemos ganas de cambiar las cosas, pero somos conscientes del riesgo que conllevaría que no todos participaran con igual entusiasmo. Tenemos iniciativas, plataformas y aplicaciones para acercarnos más a lo que de verdad hacen los políticos, pero cada vez nos interesa menos. Tenemos partidos que ya experimentan con la elección directa, pero con métodos y resultados distintos. La pregunta que cabría hacerse entonces es: ¿tenemos la democracia que queremos o la que podemos tener?
